La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, presidida por el diputado del PRD Roberto Ábrego, de la Asamblea Nacional, estará este lunes discutiendo en primer debate el Proyecto de Ley 1043 que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y Minera Panamá S.A. Un contrato que ha generado diversas opiniones encontradas en el país.
21 agosto 2023 |
Para la ambientalista y ex vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá, Raisa Banfield, los comentarios del administrador le parecen pertinentes, sin embargo, señaló que desde hace décadas se tiene conocimiento sobre la ubicación de las reservas naturales del Canal.
“De hecho, en 1999 se creó la Ley 44 que, con un sustento técnico muy profundo, estableció la necesidad de ampliar la cuenca hidrográfica del Canal, no solo para el tránsito de buques, sino para el consumo humano porque la población sigue creciendo y demandando agua. Esa cuenca occidental está justamente hacia el área donde está asentada la mina”, indicó.
Banfield explicó que, la concesión minera está sobre las cuencas 103 del Río Belén y 105 del Río Coclé del Norte y que justo en la mitad de esta concesión coincide con la cuenca que comúnmente se denomina “ampliada”.
“En 2006, sin ningún sustento técnico por parte de la ACP o al menos no hemos encontrado esos registros, el Gobierno decide derogar la Ley para poder aprobar la ampliación del Canal que estaba en discusión en ese momento. Durante todos estos años, la mina avanza y ya hemos visto el impacto que ha generado en esas cuencas hídricas. De hecho, hay un río que desapareció”, manifestó.
De acuerdo con Banfield, se desconoce por qué la ACP estableció en su momento la necesidad de esa cuenca, destacando que durante las discusiones sobre esta ampliación en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) los técnicos del Canal indicaban que el Canal y su ampliación no se iban a poder sostener en el tiempo sin la cuenca ampliada dado que esa era la garantía del agua que necesitaba para esa demanda.
“Considero que las presiones que ha establecido la mina sobre posibles demandas ha provocado que, durante todos los Gobiernos hasta el actual, le han dado prioridad a la concesión minera, dejando a un lado el tema del Canal de Panamá. En estos momentos, en medio de una crisis climática y del agua, el administrador ha salido a alzar la voz y de repente nos replanteamos en dónde estaban las reservas del Canal y por qué se hablan de 35 millones de dólares para realizar nuevos estudios", expresó.
Banfield dijo que no se necesita realizar este gasto de $35,000,000; dado que este estudio que muestra la realidad del país ya existe.
“¿Cuál es nuestra prioridad como país? Somos un país de servicio cuando nuestro principal recurso es el Canal de Panamá, que requiere de agua y conservación de bosque, o vamos a ser un país minero porque una empresa llegó e impuso esto y que destruye lo que debemos conservar para el agua con el objetivo de extraer cobre”, cuestionó.
Con respecto a la discusión de este Proyecto de Ley en la Asamblea Nacional, la ambientalista expresó que consideran que este Órgano debería tomar una postura en defensa de los intereses del país y no de esta empresa.
“Sabemos que económicamente esto no nos da. El Canal factura, para Panamá, un ingreso que se queda en el país de más de 2,000 millones al año. Laboran más de 10,000 personas de forma directa. Si colocamos en una balanza, este negocio es del país y le da mayores beneficios que una minera que extrae y se va”, destacó.
Banfield también resaltó que, si bien este documento no se puede modificar, los diputados de la Asamblea tienen el derecho de rechazar el mismo. Añadió que, durante la instalación de la comisión, solicitaron participar de la discusión de este Proyecto de Ley en la misma.
“Esperamos que las opiniones técnicas de los expertos sean escuchadas. Los 375 millones de dólares ni siquiera están garantizados después de 2025, por lo que todo ese sacrificio no vale la pena”, dijo.
Según Banfield, en este contrato se establece que la empresa manejará el agua y enviará este vital líquido a las comunidades siempre y cuando, esta cuenten con título de propiedad previo a 1997.
