Las consultas populares podrían extenderse por unos tres meses, hasta finales de octubre o principios de noviembre. La aprobación de las reformas entre tanto se concretaría hasta el próximo año 2020
05 agosto 2019 |
Leandro Ávila, diputado y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, explicó que las consultas públicas para dar a conocer la propuesta arrancan el próximo 9 de agosto. Y las mismas podrían extenderse por un periodo de tres meses para que lleguen a 1.3 millones de personas a través de plataformas digitales y medios impresos.
En caso de que la Asamblea Nacional cumpla con los tres meses propuestos para las consultas ciudadanas, las reformas no serían discutidas en la actual legislatura que concluye el 31 de octubre de 2019.
Los planes del presidente Laurentino Cortizo son aprobar los cambios constitucionales en esta legislatura para que vuelvan a ser presentadas en el siguiente periodo, que se inicia el 2 de enero de 2020. Luego, realizar el referéndum, a mediados de año. ‘La idea es que en estos meses tengamos el documento para presentarlo a la Asamblea y sea aprobado sin modificaciones, tal como lo establece el artículo 313 numeral 2 de la Constitución, en dos legislaturas y someterlo entonces a un referéndum', dijo Cortizo.
Si a la Asamblea no le alcanza el periodo para aprobarlas en esta primera legislatura, la propuesta quedaría para la segunda legislatura que inicia en enero 2020.
Después debe ser aprobada en la legislatura siguiente que inicia en 1 de julio de 2020 para posteriormente convocar al referéndum.
Ávila reconoce que el tiempo se le ha recortado. Y tampoco existen opciones para aprobarlas en sesiones extraordinarias, según el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal. El jurista aseguró que las reformas deben aprobarse en los periodos ordinarios de la Asamblea Nacional.
Nuevo método
Por otra parte, el referéndum para aprobar o no las reformas constitucionales a cerca de 40 artículos tendría un nuevo modelo: un paquete de propuestas abiertas para que la ciudadanía decida los tópicos que desea sean cambiados de la actual Carta Magna.
En lugar de proponerse como un solo bloque, como se ha hecho anteriormente, los temas serían divididos en diferentes preguntas. Es decir, que en el tema judicial podrían haber hasta tres preguntas. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con que el término de los magistrado sea de 15 años, de que la edad mínima para ejercer el cargo sea de 55 años, sí o no?
Esta es la fórmula que han usado Colombia y Ecuador para reformar sus textos constitucionales. ‘La idea es que si existen temas impopulares no se caiga todo el paquete de reformas', explicó el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá.
Esta es la propuesta que plantea el TE a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados. Esto considerando que en referéndum anteriores, la ciudadanía decidió entre el sí (quiero que se reforme la Constitución) y el no. La fórmula le falló al presidente Guillermo Endara cuando quiso la proscripción del ejército.
En 1998, el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares propuso un cambio constitucional que aprobaba la reelección presidencial. El 63.8% de los participantes dijo que ‘no' .
El fracaso podría estar ligado al paquete cerrado. ‘Si tienes cinco propuestas buenas y una mala y solo puedes votar por el paquete integral, la mala hala a las otras. Una propuesta impopular tumba a todas las demás', explicó Juncá.
El magistrado está convencido de que el nuevo método propuesto permitirá aprobar un paquete parcial de reformas. Los magistrados del TE se reunieron con los diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea para intercambiar opiniones sobre el proyecto presentado recientemente por el Órgano Ejecutivo.
Ávila consideró como ‘fabulosa' la propuesta del tribunal considerando que no será en vano el esfuerzo que se hará. ‘Si lo hacemos por temas o por título constitucional, la ciudadanía va a poder opinar sobre diversos temas'.
Las reformas
La iniciativa de las reformas constitucionales viene del Consejo de Gabinete, que encabeza el presidente Laurentino Cortizo.
El proyecto de reformas constitucionales fue elaborado por el Consejo Nacional para la Concertación y el Desarrollo, una instancia ciudadana que lo trabajó y consensuó por más de nueve meses. Posteriormente fue entregado al Órgano Ejecutivo, que lo aprobó íntegro y lo presentó a la Asamblea Nacional de Diputados.
El paquete busca reforzar la institucionalidad y combatir la corrupción. Además, contempla temas como el juzgamiento de diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que quedaría a cargo del Ministerio Público. La reforma también incluye un cambio de método para la elección de los magistrados. Otro de punto que se cambiaría es la reducción del periodo de reelección de los diputados, a solo dos consecutivos.
La propuesta intenta robustecer económicamente al Órgano Judicial y al Ministerio Público, al determinar que sus recursos no serán inferiores, en su conjunto, al 2 % del Presupuesto General del Estado.
La reforma debe hacerse mediante un acto constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura. Igualmente, debe ser aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la misma Asamblea, en la legislatura siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El acto constitucional aprobado deberá ser publicado en Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum dentro de un plazo no menor de tres meses ni exceder los seis meses. Así lo establece el artículo 313, Título XIII, Reforma de la Constitución.
Carta Magna
La Constitución Política de la República de Panamá que está vigente fue elaborada en el año 1972, en pleno gobierno militar. El texto constitucional nació con un ‘pecado original'. Como ninguna otra en el mundo, la Constitución otorgaba plenos poderes para manejar el Estado panameño a una persona, en este caso, el general Omar Torrijos Herrera.
Desde entonces, la Carta Magna ha sido modificada en cuatro ocasiones, en distintos momentos de la vida nacional: 1978, 1983, 1994 y 2004.
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