El rumbo sobre la discusión del futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) está a punto de decidirse en la Asamblea Nacional, donde convergerán las decisiones adoptadas por los integrantes de las cuatro mesas temáticas que participan en el diálogo convocado por el gobierno, y el proyecto de ley que pretende modificar la Ley 51 que rige la CSS por iniciativa del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), organización que decidió separarse de las conversaciones del diálogo.
La idea no genera expectativas tan positivas para Juan La Calle, representante del sector empresarial.
Según La Calle, el hecho de haber pedido desde marzo la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como técnicos especializados en el tema, como analistas de alternativas y asesores independientes, “pero que ni el gobierno ni la CSS hayan garantizado su presencia –que ni Conato ni Confederación Nacional de Unidad Sindical hayan insistido en ello–, advertidos por los 'académicos' de la Universidad de Panamá de que la OIT pudiera ser cómplice de cualquier intento de “privatización”, hace que “sospechemos que no se haga nada que no sea pelotear el desastre económico fiscal al que nos abocamos como país y como sociedad, con un sistema total y comprobadamente fallido”, advierte.
Este jueves finaliza el término acordado para la presentación de propuestas en las mesas temáticas del diálogo por la CSS (Invalidez, Vejez y Muerte; Riesgos Profesionales; Maternidad, y Administración).
La mesa plenaria ya se reunió con el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, y “en ella brindó un avance de cómo se desarrolla este diálogo nacional y es la razón por la que se invitó, como parte del diálogo, a los partidos políticos vigentes para que como parte de este proceso se comprometan con informar a sus bancadas a la hora de tener que aprobar esta nueva ley de la CSS en la Asamblea”, explicó Joaquín Del Villar, moderador del diálogo.
Sin embargo, no hay garantía de que el documento consensuado que llegue a la Asamblea se respete en forma y fondo.
Los diputados han efectuado cambios a documentos consensuados en los que habían participado representantes de cada colectivo político, como el de las modificaciones al Código Electoral. El proyecto ingresó para su aprobación luego de un año de discusión entre las partes, pero a raíz de las modificaciones realizadas en la comisión de Gobierno, la propuesta tuvo que regresar a una mesa técnica con el Tribunal Electoral para nuevos cambios.
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