Exdiputado Javier Ortega del PRD cobró en Aseo y en la planilla 172

La Contraloría encontró que el exdiputado Javier Ortega, director de Relaciones Públicas en la Autoridad de Aseo, cobró $20 mil en un contrato por servicios profesionales en la planilla 172

14 octubre 2020 |

La Contraloría General de la República, informó este miércoles 14 de octubre, que, por medio del director Nacional de Auditoría General, Alcides Segovia, entregó hoy al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, la resolución que da inicio a la auditoría de la planilla 172 de servicios profesionales en el Órgano Legislativo.

Indicó que, paralelamente a esta acción, se realizó una evaluación previa que determinó que existe dualidad en al menos un caso de contratación, se trata del diputado Javier Ortega, quien mantiene un contrato por servicios profesionales en la planilla 172, aun cuando figura como director de Relaciones Públicas en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

“Es importante aclarar que en la verificación en control previo para comprobar si hay o no dualidad en los cargos no se pudo detectar en primera instancia, debido a un error humano de codificación al registrar el número de la cédula de identidad personal del servidor en la Autoridad de Aseo, inmediatamente detectado este hallazgo comunicamos con la transparencia que caracteriza a esta entidad lo ocurrido y en este momento procedemos a verificar para detectar si hay más casos como este y tomar los correctivos para evitar que se repita”, indico la fiscalizadora de los bienes públicos.

El contralor Gerardo Solís, producto de este hallazgo, instruyó a la Dirección de Fiscalización la verificación de todas las planillas correspondientes al Órgano legislativo e inmediatamente se tengan los resultados procederemos a comunicar con transparencia los nombres de los funcionarios.

“La Contraloría General reitera a la población que el resultado de la auditoría se hará público, así como el listado de los 1,751 funcionarios nombrados en la planilla 172 por un monto de 8.0 millones, sus salarios y periodo de contratación, a fin de que la ciudadanía pueda contribuir a la fiscalización social”.

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