El estado de emergencia decretado el sábado regirá durante 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callo y Puno, lo que autoriza a los militares a intervenir para apoyar a la policía en el resguardo del orden público. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta y la realización de elecciones anticipadas.
16 enero 2023 |
Además, suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.
El gobierno peruano tomó esta decisión luego de 15 días ininterrumpidos de protestas y bloqueos en todo el país, que han dejado 42 muertos, y para frenar el llamado a la movilización desde el sur del Perú hacia la capital a partir del lunes.
El sábado, Perú se despertó con más de 100 tramos de carreteras bloqueadas, un día después de que la presidenta Dina Boluarte asegurara que no renunciará a su cargo. Los bloqueos afectaron 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca de las fronteras con Bolivia y Chile. Según estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre, nunca antes se habían presentado tantos cortes en la actual crisis.
Boluarte asumió la jefatura del estado luego de la destitución por parte del Congreso de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre.
La presidenta instó al Congreso a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis.
Diversos colectivos, sobre todo de los Andes sureños, exigen la renuncia de Boluarte, a quien consideran responsable de la violencia. Asimismo, piden el cierre del Congreso controlado por la derecha y la realización inmediata de elecciones.
Los pedidos de libertad de Castillo, quien se encuentra en detención preventiva mientras se le procesa por supuesta rebelión, y la formación de una Asamblea Constituyente también hacen parte de la agenda.
Los Andes en cólera
Las protestas se reactivaron la semana pasada después de una suerte de tregua de fin de año y se han concentrado en el sur andino, donde habitan comunidades quechuas y aymaras que, coinciden analistas, han sido históricamente marginadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó esta semana una visita al país, consideró que para superar definitivamente la crisis será necesario integrar a esas comunidades.
Algunos grupos de manifestantes de estas regiones amenazan con viajar a Lima para una "toma de la ciudad" que obligue a Boluarte a renunciar y que genere un marco que obligue a elecciones lo antes posible.
"Tenemos la decisión de ir a Lima (desde el lunes), sí o sí. No podemos indicar la hora, porque lo que queremos es viajar en unidad", dijo Julio Vilca, un dirigente de la provincia de Ilave, en la región Puno.
Por su parte, la policía asegura que detrás de las protestas hay sectores ultrarradicales, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Como prueba, han presentado la captura esta semana de una exintegrante de esa organización, Rocío Leandro, conocida dentro del grupo como "Camarada Cusi", a quien la policía acusa de financiar las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho.
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