De acuerdo con el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, la medida cuenta con el respaldo financiero y permitirá mejorar el flujo de caja y aliviar el estado financiero de los proveedores del Estado con un efecto positivo en la empleomanía y en la dinamización de la economía.
26 abril 2022 |
La medida facilitará la oportunidad para que en los próximo 60 días se puedan cancelar los expedientes pendientes que administran, tanto el gobierno central como las entidades descentralizadas, entidades autónomas y semiautónomas y municipios.
El plazo para liquidar el Presupuesto General de Estado de la vigencia fiscal 2021 y poner en circulación más de 600 millones de balboas, que cuentan con respaldo financiero, se realizó mediante acuerdo entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según una nota de prensa difundida por la Contraloría, el plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2022, además, enfatizó en que “el acuerdo MEF-Contraloría permitirá completar el trámite de las cuentas devengadas a la fecha y los registros oficiales de la liquidación del Presupuesto General del Estado 2021 que habrían expirado el próximo 30 de abril, según Circular MEF-2022-20636”.
“Aunque en el período regular se logró pagar B/. 1,562.98 millones de balboas, están en proceso de pago otros B/. 684 millones de balboas, cuyo trámite se percibe que no se podrá cumplir en los últimos días hábiles del mes de abril”, afirmó el director de Presupuesto de la Nación, Carlos González.
Con la ampliación del plazo, “estamos facilitando una oportunidad para que en los próximo 60 días podamos cancelar los expedientes pendientes que administran tanto el gobierno central como las entidades descentralizadas, entidades autónomas y semiautónomas y municipios”, precisó el director nacional de Fiscalización, Jorge Luis Quijada.
Conforme a la nota de prensa, el director Quijada añadió que, “se desarrollan esfuerzos conjuntos con diferentes entidades para que, con mesas técnicas de trabajo se revise la documentación y se adviertan las correcciones que se deben subsanar para determinar el estatus económico y legal de cada documento disponible para que se pueda realizar su pago”.
Carlos González, por su parte, enfatizó en que “esta medida -que cuenta con el respaldo financiero- permitirá mejorar el flujo de caja y aliviar el estado financiero de los proveedores del Estado con un efecto positivo en la empleomanía y en la dinamización de la economía”.
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