Foment del Treball llama al Gobierno, Generalitat y sindicatos a hacer posible la inversión en El Prat

La patronal catalana Foment del Treball ha instado este domingo al Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña a recuperar el acuerdo de inversión en el aeropuerto de El Prat, que asciende a 1.700 millones de euros, y ha pedido a los sindicatos CCOO y UGT que usen "su apoyo, influencia y contribución" para lograr que la inversión salga adelante.

Según informa la patronal en un comunicado, el presidente de la institución, Josep Sánchez Llibre, ha llamado a todas las partes a avanzar hacia el "diálogo, negociación y pacto" en este sentido: "Si realmente hay voluntad política estamos a tiempo", asegura.

"Instamos al gobierno de la Generalitat y al Gobierno del Estado a que recuperen la negociación, que dialoguen, que pacten y que puedan conseguir el consenso que haga posible esta gran inversión", señala.

Por ello ha recordado el acto celebrado el 2 de junio en ESADE en apoyo a la ampliación del aeropuerto, afirmando que "continúa vigente el espíritu de ESADE del 2 de junio, en el que más de 200 organizaciones de la sociedad civil y económica dijeron "sí" con mucha contundencia a la ampliación del Prat".

El propio Sánchez Llibre se ha ofrecido como mediador entre todas las partes para reencauzar la negociación.

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat ha solicitado el apoyo de los empresarios para conseguir el traspaso de la gestión de los aeropuertos catalanes y poder así decidir su futuro sin la necesidad de contar con el Estado.

Ayuntamientos catalanes de la zona y el propio Govern catalán mostraron su oposición al proyecto de ampliación por el impacto ambiental que supondría y por la inversión tardía de buena parte de los fondos previstos, ya que hasta 2027 sólo se dedicarían 364 millones de euros.

Tras esto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó que "no hay margen" en esta legislatura para retomar la inversión, por lo que el proyecto quedaría aplazado al menos cinco años al no tener "el consenso nítido y firme de la Generalitat".