Una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá reveló que Panama Colon Container Ports ha incumplido un 83.4% su contrato ley con el Estado.
La
Contraloría General de la República informó que la auditoría al contrato A-2017-12 del 17 de mayo de 2013 evidenció incumplimiento de las obligaciones contractuales básicas.
La entidad fiscalizadora detalló que la cláusula tercera-inversión estableció un monto de B/.593,962,330 de los cuales B/.300,900,000 corresponden a la construcción de tres muelles y B/.293,062,330 referente a otras actividades.
A la fecha, de acuerdo con la inspección de campo de la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República y documentación aportada por la
Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se ha constatado que la inversión real de la empresa se estima en B/.104,203,183.70, lo que representa solo un 16.6% de la inversión total o un incumplimiento de 83.4%.
La auditoría también reveló que respecto a la cláusula cuarta-canon y tarifas, a abril de 2021 Panama Colon Container Ports debió pagar B/.2,858,019,71 en concepto de pago de cada metro cuadrado de fondo de mar otorgado en concesión, sin embargo, a la fecha el Estado panameño solo ha recibido B/.1,845,100.54 manteniendo un saldo pendiente B/.1,012,919.17 que representa un 35.4%.
El último pago evidenciado por la empresa corresponde a la facturación de diciembre de 2018.
Además, indicó la Contraloría General de la República, este incumplimiento ha causado que el Estado deje de percibir la tarifa por movimiento de contenedores y su impuesto sobre la renta, muellaje, fondeo, faros y bollas.
Por otro lado, la cláusula duodécima relacionada con empleos, mediante la cual Panama Colon Container Ports se obligaba a contratar al menos 800 empleos directos a ciudadanos panameños en la etapa de construcción que ya debió haber concluido, ha sido incumplida por cuanto solo hay estimación de relaciones laborales con 355 personas, lo que representa un incumplimiento de 55.6%.
El incumplimiento con la obligación de iniciar operaciones completamente a partir de junio imposibilita la generación de empleos en la parte operativa que proyectaba 1,000 contratos laborales.
La Contraloría General de la República indicó que las auditorías a concesionarios de operaciones portuarias busca garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.
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